El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, que incluye la normativa para regular las descargas de Internet, y que ha sido remitido a diversos órganos consultivos antes de su llegada al Parlamento.El Ejecutivo ha dado el visto bueno a la aplicación de un procedimiento mixto administrativo-judicial que permitirá bloquear todas aquellas páginas web que alojen o faciliten enlaces a archivos protegidos con los derechos de autor mediante una denuncia ante la Comisión de Propiedad Intelectual, pero previa orden judicial.
Será la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional laencargada de ordenar el cierre de las web. Según ha destacado elministro de Justicia y ha ratificado poco después la de Cultura,ángeles González-Sinde, las medidas se tomarán en un procedimiento rápido que durará un máximo de cuatro días, informa Miguel Ángel Criado. Cuando un titular de derechos de autor considere que su obra está siendo explotada sin licencia podrá presentar una denuncia a la sección segunda, que se creará a tal efecto, de la Comisión de Propiedad intelectual. Ésta analizará el caso y lo remitirá a un juez de la Audiencia Nacional de lo contencioso-administrativo, que tendrá un plazo de cuatro días para autorizar el bloqueo de esos contenidos concretos. Caamaño ha explicado que será la Audiencia Nacional la competente en esta materia porque en estos casos de propiedad intelectual es "muy difícil" ubicar en qué lugar se encuentra la página o el emisor que infringen los derechos. Para ello, será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con todas las garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web, ha añadido el ministro. En opinión de González-Sinde, ésta es "una propuesta equilibrada" que pretende armonizar los derechos de todos, "de los ciudadanos como usuarios de la Red y de quienes viven de la cultura". Según González-Sinde, esta medida lucha "contra quienes se enriquecen ilegalmente y se aprovechan de otros". "La Administración y los jueces, que deberán decidir rápidamente, tienen cada uno su papel en este proceso", apostilló. Via publico.es
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